NACIONAL - Vienen por el botín de los regímenes jubilatorios docentes

POLITICA - Los docentes, al igual que otros trabajadores, cuentan con regímenes previsionales específicos incluidos en las cajas jubilatorias provinciales, con edades de retiro, cálculo de haberes y movilidad jubilatorias más favorables que las establecidas por el Anses.


Por razones de salud y de desgaste laboral, y porque aportan un plus mayor de sus salarios, perciben varios puntos por arriba de las normas nacionales.

Trece son la provincias que mantuvieron esos regímenes provinciales propios: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Son los que sobrevivieron a la transferencia de las cajas previsionales a Nación, a partir de 1994, en medio de la privatización previsional menemista.

 Imposibilitados de barrer con estas conquistas, los gobernadores se han servido de estas cajas para manejar discrecionalmente fondos cuantiosos.

Desde entonces hay una política sistemática que busca reformar esos regímenes, “armonizarlos” con la jubilación nacional, subir las edades de retiro, modificar el cálculo de los haberes y destruir el 82% móvil.

El argumento es que todas ellas tienen un déficit creciente, un rojo del cual se hace cargo parcialmente el Estado Nacional a fuerza de girar fondos a las provincias.

Este objetivo será prioritario en la paritaria nacional docente, en la medida que –como ya lo ha hecho con Chubut- Alberto Fernández condicionará cualquier asistencia nacional al superávit fiscal de las provincias, es decir, al ajuste contra docentes y estatales.

Algunos ejemplos

Tierra del Fuego: la primera que avanzó contra las jubilaciones fue la exgobernadora kirchnerista Rosana Bertone, en enero de 2016.

Impuso con represión salvaje una reforma que le aumentó la edad jubilatoria a los docentes hasta 15 años y redujo el cálculo de los haberes previsionales hasta hacerlo caer del 82% al 61,5%.

Córdoba: los titulares de los diarios cordobeses de estos días señalan que el pejotista gobernador Schiaretti declama que la caja de jubilaciones de su provincia tiene un déficit de $21.570 millones, y denuncia que el gobierno no giró los fondos comprometidos.

El gobernador, sin embargo, debería explicar qué ha hecho con los recursos de los jubilados. Especialmente porque en 2017, mediante la ley 10.333, eliminó el 82% móvil reduciéndolo en casi 10 puntos, luego de quitarle a los salarios docentes un 11% que fue a un denominado fondo de “armonización”.

Schiaretti se comprometió bajo el gobierno de Macri a culminar a la armonización total con el régimen nacional en este año 2020.

Formosa: tiene un rojo que supera los $1.000 millones, a pesar de que desde 2016 estableció al haber jubilatorio máximo en un 52,5% del sueldo del activo salvo en las jubilaciones especiales, y está subiendo la edad jubilatoria progresivamente. En 2024 esta será de 65 años para hombres y 60 para mujeres. Otro gobierno del PJ.

Santa Fe: el gobernador pejotista Perotti salió también a advertir sobre el déficit de la caja previsional de su provincia, dice que la Nación le debe $5.800 millones y centra la responsabilidad en los regímenes especiales docentes, de veteranos de guerra y el retito de policías a temprana edad. Está en debate un proyecto que busca modificar la ley 6.915 que regula las jubilaciones y pensiones.

Entre Ríos: el gobernador Gustavo Bordet, también peronista, terminó el año 2019 intentando establecer una reforma previsional frente a un déficit de $10.000 millones.

Bordet pretende suspender las jubilaciones por un año, subir la edad jubilatoria de la mujer de 57 a 62 años en la jubilación ordinaria, y eliminar el régimen de las jubilaciones especiales, lo que implicaría extender la edad de retiro docente entre 8 y 10 años.

Buenos Aires: el recién asumido nuevo titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Eduardo Santín, lo primero que hizo fue declarar que tenía un déficit de $20.000 millones, generado según él en los tres últimos años de la gestión de María Eugenia Vidal, al provocar una estampida de jubilaciones ante el temor de una reforma jubilatoria.

Santín reconoció que el IPS tuvo superávit absoluto durante los 26 años previos, pero resta que devele qué hicieron las gestiones peronistas y kichneristas con semejante superávit.

La solución, en la medida que prometen que no cambiarán la ley, es que la gente se jubile lo más tarde posible, “que se queden algunos años más en la provincia trabajando, porque lo necesitamos” (Infoplatense, 18/12). Que se mueran en el aula, parece ser el lema.

No hay que olvidar que en 2004 Felipe Solá, entonces gobernador de la Provincia, firmó con la Nación un convenio de “armonización” del IPS con el Anses; y que Calos Ruckauf cuando fue vicegobernador puso como presidente del IPS nada menos que a Horacio Rodríguez Larreta, entre 2001 y 2002.

Chubut: en esta provincia el gobernador albertista, Mariano Arcioni, paga fuera de término y en cuotas los salarios y las jubilaciones.

En este derrumbe, el Frente de Jubilados y Retirados de Chubut denunció y reclama a la Legislatura que los aportes de los jubilados sean depositados en la cuenta del Instituto de Seguridad Social y Seguros, en vez de la Tesorería General de Provincia, ante el desvío constante del ejecutivo vaciando la caja jubilatoria.

Finalmente, mencionemos a Neuquén y Santa Cruz. En ambos casos se anuncian déficits importantes, aunque también mantienen sus regímenes sin modificaciones.

En Neuquén, una nota del periodista Mario Rojas señala que “para compensar cierta parte de las pérdidas, durante la gestión de Macri se puso en marcha un esquema de ‘armonización’ pero quedaron en el aire la edad, la movilidad y el cálculo del haber jubilatorio”.

En Santa Cruz, los docentes se jubilan con 25 años de actividad sin límite de edad, y el 82 % móvil. En ambas provincias hubo profundas luchas en defensa de las jubilaciones, y particularmente en Santa Cruz una rebelión popular obligó a retroceder a los Kirchner cuando intentaron modificarla en 2011.

No fue un error

Surge claro de este paneo que la integración de los regímenes jubilatorios docentes a la suspensión de la movilidad en la Ley Ómnibus de Alberto Fernández no fue un error. Los fondos previsionales también están al servicio del pago de la deuda con el FMI.

La burocracia sindical docente –igual que con el salario- siempre fue cómplice de estos ataques.

Si la movilidad docente no se tocó fue por la reacción de los docentes y de los sindicatos combativos, como la AGD-UBA, y los regímenes jubilatorios aún subsisten por la resistencia de todos los docentes del país, superando la loza de Ctera.

El Congreso Nacional de Tribuna Docente de los días 15 y 16 de febrero próximos abordará especialmente un plan de lucha en defensa de las jubilaciones.

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