PROVINCIA - La escasa maniobra de Alicia kirchner para justificarse ante los trabajadores por falta de fondos en el 2020

SANTA CRUZ / POLITICA - 11:30 – Continuando nuestros informes basados en información oficial del gobierno de la provincia y el análisis comparativo que venimos realizando de las distintas variables en los números de la economía, podemos señalar que Alicia Kirchner en sus primeros cuatro años de mandato cuadruplicó los presupuestos, duplicando sistemáticamente los montos año a año, anunciando con bombos y platillos que gozaba de un superavit de 1.400 millones de pesos.


Ahora bien, se infiere que a partir del 2020 la gobernadora aggiornada al mensaje de Alberto Fernández va a tratar de justificar cualquier ajuste en la “Emergencia económica nacional” y por ende la provincial, sin embargo la gobernadora, que maneja los presupuestos a su antojo, no va a poder explicar (al menos coherentemente) la impresionante progresión del aumento presupuestario para el año 2020 que posee un déficit calculado de 460 millones de pesos, es decir, en términos porcentuales significa el ½% del total del presupuesto 2020 algo más de  95 mil millones de pesos.                   

Por lo tanto, el déficit de 460 millones es ínfimo en el contexto de fondos generales de la provincia y prácticamente estaríamos hablando de que Santa Cruz tiene para el año próximo un presupuesto equilibrado.

El otro dato que abordamos en nuestro informe anterior, se refiere a la cantidad de empleados públicos que el actual gobierno ingresó a la provincia durante los 4 años que lleva de mandato Alicia Kirchner.

En base a esos números que revelamos, donde aparecen 6.865 agentes nuevos (pasados a planta permanente) en la administración pública provincial a lo largo de los 4 primeros años de mandato, ésto da un promedio de 5 pases a planta por día (tomando el año de 365 días corridos); es decir a razón de 1.765 agentes incorporados por año. Si reducimos los 365 a los días laborables, exclusivamente, el promedio sube al doble.

Este estudio comparativo nos lleva a dos conclusiones: la gobernadora miente de manera permanente, cuando para negar aumentos y recomposiciones alude a la “teoría del mal menor” y recalca “la preservación del empleo” de los que están y justifica en ello la falta de voluntad para darle aumento a los empleados públicos, diciendo que precisamente es un recurso que utiliza “para no echar a nadie”.

En este punto se descubre la falacia argumentativa de la gobernadora porque si bien “no echa a nadie” tomó más de 5 personas por día en 4 años, incumpliendo sus propias promesas de restricción al ingreso en la administración pública, por lo tanto, la masa salarial se sigue agrandando y los fondos asignados achicando y el gobierno de la provincia surge como una verdadera agencia de colocación de empleo. No existe en Santa Cruz ninguna empresa, comercio o industria del sector privado que dé más empleo que el gobierno provincial.

ALICIA KIRCHNER INCREMENTÓ 300% EL PRESUPUESTO PROVINCIAL EN 4 AÑOS Y UN 25% LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL MISMO PERIODO

En segundo lugar, la justificación de déficit presupuestario, caída de regalías, fondos coparticipables y recaudación interna, son otras falacias en la que incurre el gobierno y la realidad muestra que es exactamente al contrario de lo que se menciona a través de los discursos oficiales.

La excusa puesto por el gobierno para no ceder aumentos al sector público, se explica a la luz de los ingresos permanentes que obtiene.

Es decir, esos fondos en vez de ir para nivelar el desfasaje del asalariado que cobra mensualmente por prestar servicios al Estado, se usan para tomar nuevos contratados, monotributistas, transitorios, quienes luego pasarán a planta permanente y así sucesivamente.

Es un círculo vicioso que el kirchnerismo ha puesto en práctica desde hace décadas y explica de los 330 mil habitantes no menos de 80 mil viven de manera directa del Estado.

Esta metodología, también es inherente al modelo populista, a través del cual se trata de cooptar la mayor cantidad de dependientes del salario estatal y como pasa desde hace tantos años en Santa Cruz, el gobierno controla a través del mismo a una importante masa de votantes.

Sin el gobierno cumpliera con la ley que impide y/o restringe en ingreso a la administración pública e hiciera una redistribución de cargos y funciones con quienes ya trabajan en el Estado, contaría con suficientes recursos como para acompañar el índice inflacionario de los salarios que se  retrasan mes a mes, ampliando la brecha que luego, el propio gobierno se niega a acortar, por cuanto ese dinero lo necesita para seguir fomentando el clientelismo.

OPI publicó en varias oportunidades el personal de la Cámara de Diputados y recientemente el presupuesto. Emite mensualmente alrededor de 850 recibos de haberes y para el 2020 presupuestó más de 830 millones de pesos, unos 200 millones más que en el 2019.

El 85% de ese presupuesto se va en gasto de personal (Diputados, asesores, personal de planta, secretarios) con un extravagante costo por legislador de 34 millones de pesos anuales y un alto porcentaje de ese dinero se esfuma en los crónicos “ñoquis de la Cámara”, personas que siendo hijos, parientes o amigos de los legisladores, son beneficiados con sueldos que cobran pero no cumplen ninguna función en la Cámara o es aún peor, nunca pisaron el edificio de la legislatura provincial.

Éste es el panorama político y económico que pinta claramente cómo y en qué forma el gobierno provincial usa un mecanismo de engaños, mentiras y ocultamientos y elude erogar fondos para sacar a los trabajadores de la pobreza o estabilizar medianamente la pérdida de sus salarios.

La otra estrategia es comunicacional: anunciar permanentemente que vivimos en emergencia, la culpa siempre es del otro; permanentemente estamos mal por culpa de factoress ajenos a la gobernadora y cuando como ahora se produce un fuerte aumento del crudo, salen a decir que impactará muy por debajo de los esperado en las finanzas de la provincia.

En definitiva, con respecto a los  fondos asignados para salarios, el gobierno prefiere seguir ingresando gente al Estado y mover mínimamente la asignación de recursos para sueldos, lo cual divide aún más las partidas asignadas, dado que en 4 años fue incorporando a razón de 5 empleados por día y esto licúa la posibilidad de que el resto pueda contar con alguna posibilidad de tener un aumento serio y concreto.

Santa Cruz es la cuna del modelo que refundó Alberto Fernández a nivel nacional. Con la aprobación de la mal llamada “Ley Solidaria”, el presidente amplía el modelo santacruceño estableciéndose la potestad de fijar aumentos salariales y de jubilaciones, la utilización de sumas fijas como la zanahoria delante del burro, tras la cual se cierne la trampa de la discrecionalidad para manejar fondos públicos; la anulación de las paritarias salariales y la atribución total y concreta de decir cuándo, cuánto y cómo el gobierno determinará que habrá aumentos, a tal punto que ayer el gobierno dijo que determinará por decreto lo que deben aumentar las empresas privadas.


(Agencia OPI Santa C

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