MENDOZA - Ley minera: Intentarán hoy la derogación exprés

POLITICA - Hoy lunes 30 de setiembre a las 8:30 de la mañana, el vicegobernador Mario Abed iniciará la sesión secreta para designar a José Thomas al frente de la Dirección General de Escuelas. Pero ni Abed, ni ninguno de los 38 senadores provinciales estará pensando en la educación.


Tendrán la cabeza en la necesidad urgente de derogar la ley 9209, antes de que las cosas se pongan peores. Fue la última decisión política sobre la minería, tomada en una mesa con el gobernador Rodolfo Suarez y los intendentes, peronistas y radicales.

No hay espacio para más. La antiminería fue el catalizador de una presión social de la que nadie había tomado nota. Pero esto pudo haberse convertido en el Chile ardiente de semanas atrás, en cuestión de horas.

La ley minera de Mendoza duró una semana. Suarez la envió al día siguiente de asumir. Fue aprobada por una generosa mayoría de radicales y sus aliados, y peronistas, el viernes 20.

El lunes, luego de una multitudinaria movilización que terminó con incidentes, fue promulgada por el gobernador Rodolfo Suarez. Antes, ocurrieron hechos gravísimos provocados por grupos que atacaron a la policía a piedrazos.

Hirieron a varios uniformados. La represión generó un peligroso desbande por el centro de Mendoza, hasta el nudo vial de Zapata y Costanera. Hubo unos 45 detenidos. Pero los liberaron a todos en cuestión de horas.

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La tensión se había acumulado durante sábado y domingo, y creció en Navidad. Las movilizaciones siguieron. Pero también las amenazas y el hostigamiento social, el escrache, a funcionarios, legisladores, y periodistas.

Y a sus familias. El jueves, la ley ya estaba malherida. Suarez anuncio la suspensión de la reglamentación y de sus efectos y un llamado al diálogo. Pero no alcanzó. El viernes por la tarde, con los intendentes, decidieron derogar la ley.

El diálogo previo con los sectores había fracasado. El PJ, más los propios, habían empezado a "recular". Y se caían las vendimias departamentales. Durante el fin de semana se registraron más movilizaciones.

Ayer hubo un banderazo, y hoy desde las 8:30 las asambleas del agua, dominadas desde adentro por grupos de izquierda, se apostarán en la Legislatura presionando por la derogación de la 9209.

Trámite exprés

Durante el fin de semana las comunicaciones entre el oficialismo y parte de la oposición fueron intensas. "Si la aprobación de la 9209 fue exprés, esto lo va a ser más" graficó un hombre del radicalismo.

Sin embargo, puede que haya legisladores que quieran hacer uso de la palabra. En fuentes peronistas del Senado, se descuenta que habría discursos de Andera Blandini y Bartolomé Robles, que votaron en contra, del senador Marcelo Romano (Protectora), y de Lautaro Jiménez, del FIT.

Tal vez hablará alguno de los que votó a favor, como Alejandro Abraham. Por el oficialismo sólo hablaría un miembro informante. La idea del vicegobernador Abed es que los discursos sean expeditivos, y que no duren más de cinco minutos.

No está claro si todos los senadores votarán la derogación. Puede que alguno de los que ha defendido la minería, vote en contra. Lucas Ilardo convocó al bloque a una reunión temprana, para evitar sorpresas y aunar criterios.

En la Cámara de Diputados la sesión está convocada para las 11 de la mañana. Antes, al igual que en el Senado, habrá reunión de Labor Parlamentaria (los presidentes de todos los bloques), para acordar las reglas de juego de la sesión. La idea es hacer un acuerdo y que sólo hable Jorge Difonso.

El ex intendente de San Carlos, que es legislador del Frente Renovador-Unión Popular, fue uno de los legisladores de Cambia Mendoza que votó en contra de la ley. Cuando era senador provincial -en 2007- fue uno de los autores de la Ley 7722.

El mecanismo de la sesión se decidirá temprano, con la idea de acotar lo más posible la lista de oradores, y que se sancione rápidamente la ley, para que Rodolfo Suarez la promulgue por la tarde, y se publique en el Boletín Oficial de este martes 31 de diciembre.

La "viralicracia"

Uno de los argumentos de peso tanto en el gobierno, como entre intendentes y legisladores para derogar la ley, es que la protesta social, las movilizaciones, han sido muy multitudinarias y demandantes, incluso haciendo un paréntesis respecto de los vándalos que atacaron a piedrazos a la policía.

Pero la actividad en las redes sociales de grupos y de personas muy agresivos, ocupó un rol central. El empresario Federico Ostropolsky, ex presidente del CEM, acuñó en una charla privada una palabra maravillosa: "viralicracia".

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Algo anárquico, pero que podría traducirse como el gobierno a través de la viralización de noticias falsas, esencialmente, pero también de "escraches", movilizaciones, y toda información o desinformación útil a los fines de quien la promueve.

Y que le sirve para generar poder e influir sobre los representantes genuinos, votados por los ciudadanos.

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Madres y padres con sus hijos e hijas pequeños ayer en el banderazo.

En el caso del agua y la minería, hubo una protesta social muy profunda que se transformó en una crisis de representación plagada de vicios. Así, muchos de los manifestantes se asumieron como "el pueblo", que se auto proclamó con las facultades de exigir a sus representantes las acciones que ellos considerasen justas, en nombre de todos. Es muy parecido al totalitarismo.

Circuló anoche en grupos de WahstApp un texto atribuido al senador Rolando Baldasso (Cambia Mendoza), que habría sido escrachado incluso por vecinos y padres de la escuela de sus hijos.

En uno de sus párrafos salientes, dice "...lo que ha quedado en discusión son parámetros culturales, en donde una minoría se cree representativa del total. La minoría de la minoría, que sacó muy pocos votos en la última elección, se siente con legitimación para agredir física o socialmente a cualquiera sin medir consecuencias.

La porción de la sociedad que apoya queda muda ante la eventualidad del escrache, y la justicia indiferente mira en redes sociales cómo los agresores destruyen sin problemas el buen nombre, honor, las vidas y las familias de quienes piensan distinto".

La descripción es perfecta. Basta entrar a las redes sociales, ni siquiera a grupos antimineros, para ver cómo decenas de personas les escriben a los legisladores y funcionarios en sus muros, o personalmente, desde "genocidas" hasta "hijos de puta" "asesinos" "envenenador", acusando a todo aquel que haya apoyado la ley de "coimero pagado por las mineras".

Las difamaciones corrieron fácil, intentando destruir, y llevarse puestas a las personas que creen en la minería como herramienta de desarrollo, aún con los máximos cuidados.

La política fue sensible al escrache tanto como a la información de Inteligencia que auguraba protestas muy duras, ocupación de rutas nacionales y del aeropuerto, y una escalada violenta.

Lo mismo que en Chile. Un reclamo atendible de personas preocupadas, por miles, aprovechado por grupúsculos de izquierda, o anarquistas, absolutamente violentos y antisistema, podría convertirse en el caos.

Así llegamos hasta hoy. La ley minera duró una semana, en la que se agitaron incluso fantasmas de 2001. En vísperas de Año Nuevo y con la ley derogada, restituyendo además la plena vigencia de la ley 7722, es de esperar que se haya ganado la paz social y la vida vuelva a la normalidad.

El costo ha sido altísimo. Para el gobierno, y para la principal oposición. Pero también para los medios, y para el sistema democrático de representación.

En Mendoza ocurrió algo social, mucho más profundo que la antiminería o el cuidado del agua. Y que está pendiente de ser explicado.

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